Crece la tensión entre la Consejería de Transición Energética del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura. Si la semana pasada las denuncias cruzadas tenían como fundamento la aplicación del artículo 6 bis para proyectos energéticos en Fuerteventura, estos días la polémica se ha centrado en la central térmica de El Charco.
Por un lado, la presidenta del Cabildo, Lola García, y el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, anunciaban su traslado a Madrid el pasado lunes –acompañados de la diputada Cristina Valido– para reclamar en el Congreso de los Diputados que el Gobierno deje de incentivar proyectos energéticos en la zona de El Charco y apueste por su traslado inmediato de la central a la zona de Zurita.
Ambos pusieron de manifiesto que el Plan General de Puerto del Rosario, aprobado en 2017, “ya contempla” una nueva ubicación en Zurita, más alejada de la población, para zanjar así la cuestión sobre la falta de planeamiento y de suelo para albergar las instalaciones.
“Pedimos al Estado que atienda esta demanda urgente”, insistían, el planeamiento lo permite y el Ayuntamiento ha puesto suelo a disposición para que el traslado sea una realidad, apuntaban.
García subrayó que la competencia final para la orden de desmantelamiento recae en la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, pero insistió en que “sin respaldo estatal no se avanzará lo suficiente”.
En esta línea, se conducía también su compañera, la diputada nacionalista de CC Natalia Évora trasladando al Gobierno de Canarias la necesidad de desmantelar la central eléctrica de El Charco e instando a comenzar acciones “para el cierre progresivo de la central”.
Por otro lado, en una entrevista este martes en el programa La Voz de Fuerteventura en Radio Insular, el vicepresidente insular y secretario general de los socialistas majoreros, Blas Acosta, acusaba a la Consejería de Transición Ecológica, y a su titular, de favorecer intereses empresariales. Reprochó al Gobierno canario haber firmado decretos que impiden la paralización de la planta, gestionada por UNELCO, cuando “su vida útil expiraba en 2030 según lo acordado con el Ejecutivo de Rajoy”, recalcó.
Además, aseguró que “se ha denegado a SAMPOL la implantación de otra central en Llanos Pelado, pero esta sí se mantiene, en plena ciudad", en lugar de obligarla a descarbonizarse, subrayó.
A su entender, el actual Gobierno “está del lado de la eléctrica” sin olvidar, dijo, que Unelco cobra unos 1.700 millones de euros, como servicio público en Canarias, Ceuta y Melilla.
Este mismo miércoles, el consejero Zapata difundía un comunicado en el que aseveraba estar “en la fase de autorización de los proyectos para evitar futuros apagones en Canarias”.
La consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, avanza en la gestión de las medidas de emergencia para paliar el déficit energético en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, manifestado por el operador del sistema, Red Eléctrica Española.
Zapata recuerda que se trata de unas medidas “de emergencia, de carácter extraordinario y temporal”, que se mantendrán “mientras persistan esas situaciones de riesgo” lo que implica que “no pueden ser estructurales y de ahí que haya habido que trabajar en ofertas con características muy específicas”.
Sobre el traslado de la central de El Charco fuera del entorno urbano de Puerto del Rosario, Mariano Zapata hizo especial hincapié, en una entrevista reciente en el programa La Voz de Fuerteventura, en que el Gobierno de Canarias impulsa un plan para el desmantelamiento progresivo de la infraestructura.
“Vamos a hacer todo lo posible para que se inicie el desmantelamiento real de la central”, subrayó, insistiendo en que el concurso del Gobierno central va a posibilitar el traslado ya que “gracias a las propuestas que hemos hecho por parte del Gobierno de Canarias al concurso se ha puntuado más a instalaciones que estén deslocalizadas”.
Se prevé la adjudicación del concurso en este 2025 aunque la nueva infraestructura no estaría operativa hasta dentro de una década, reconoció.
Mientras, la sociedad civil de Fuerteventura, y en especial, de Puerto del Rosario mira con expectación el desenlace de unas decisiones que determinarán el futuro energético de Fuerteventura y la calidad de vida de sus habitantes. De momento, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo y el Ayuntamiento coinciden en la necesidad de trasladar la central, aunque los tiempos y la forma exacta siguen siendo la gran incógnita que los vecinos quieren conocer cuanto antes.
