Okupación en Fuerteventura, ¿una olla a presión a punto de explotar?
Okupación en Fuerteventura. Es el título de la tertulia desarrollada en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular y Mírame Televisión, para analizar desde una perspectiva integral este fenómeno creciente en la isla motivado por la falta de soluciones habitacionales.
Han participado Yoana Garrofé, propietaria de la Inmobiliaria Yo Alquilo; David Casalins, abogado con amplia experiencia en el ámbito de la okupación; Luis del Pozo, representante de SOS Fuerteventura Sostenible y vecino de Playa Blanca; y, Filiberto Escobar, propietario de Escobar Servicios, empresa dedicada a desokupar viviendas.
En Fuerteventura es prácticamente labor imposible alquilar o comprar una vivienda, y muchas personas se ven abocadas a vivir en autocaravans, otras optan por contenedores vivienda y cada vez son más las que okupan viviendas. Es el punto de partida de una charla en la que se constatado que cada vez más habitual la figura del inqui-okupa. Esa persona que alquila la vivienda y que deja de pagarla al poco tiempo. El contrato de alquiler dificulta el procedimiento de desocupar el inmueble, apuntaba Casalins.
La okupación de urbanizaciones enteras a medio acabar, es otra de las vertientes que se analizan y que están creando, en el caso de la zona de Playa Blanca, en Puerto de Rosario, un auténtico guetto “donde quemar contenedores, el tráfico de drogas, o el incendio de vehículos es constante”. Es uno de los “puntos calientes” de la Isla, pero no el único, donde la okupación genera problemas de convivencia con los residentes del entorno.
La ocupación ilegal es considera “una lacra social que debe erradicarse de forma rápida y definitiva”, destacaba con dureza Luis del Pozo, mientras Yoana Garrofé, cuestionaba “y a dónde va a ir a parar toda la gente que okupa, muchos lo hacen por necesidad, no hay vivienda”.
Las críticas hacia las corporaciones públicas han sido constantes por no haber dado solución a un problema “del que ya hablábamos desde hace más de diez años”, advertía Casalins. No se ha construido vivienda pública, constataba y tampoco está siendo suficiente la cobertura de los Servicios Municipales de los ayuntamientos.
La realidad es que la población se ha duplicado en dos décadas y ahora supera las 124.000 personas. Es imprescindible hablar de la capacidad de carga, “quizás es que haya muchas personas que no puedan permitirse vivir en Fuerteventura”. En este punto también se analizó la inmigración ilegal, que llega vía aeropuerto, y que supone un gran volumen de población “que no puede cotizar hasta pasados tres años en situación administrativa irregular y que, sin embargo, si necesita vivienda, agua, sanidad y recursos para vivir”.
Para Casalins, gran parte del problema “radica en la falta de seguridad jurídica, el rigor y el funcionamiento de los tribunales de justicia en España. Vivimos esta realidad todos los días”. Cuestionado sobre los derechos de los propietarios cuando se lleva a cabo la okupación de una vivienda, Casalins recalcó que “cada situación hay que analizarla de forma individual”.
Filiberto Escobar, muy crítico con los okupas y las mafias de okupación, enfatizó en la necesidad de una intervención urgente. “La situación jurídica es clara, pero la realidad es muy distinta. Fuerteventura es como una olla a presión a punto de explotar”, advirtió.
Y es que a pesar de las diferencias de opinión entre los participantes lo cierto es que todos coincidieron en señalar que se trata de un problema en el que intervienen numerosos factores y al que es complicado dar solución.
Del Pozo apuntaba a que aproximadamente entre el 12% y el 15% de las viviendas en Fuerteventura están vacías, en gran medida debido a la inseguridad jurídica generada por las leyes españolas en lo que respecta al alquiler a largo plazo. A esto se suma que un 32% de las viviendas se destinan a alquileres vacacionales, “una situación que los ayuntamientos no regulan adecuadamente, exacerbando el problema de la vivienda”.
A ello hay que añadir, la crisis financiera de 2008 que “devastó el sector de la construcción en la isla”. Antes de la crisis, los promotores representaban el 35% del PIB de Fuerteventura. Sin embargo, la crisis económica acabó con ellos, y hasta la fecha no se ha recuperado ese motor económico. “Los bancos privados no consideran rentable otorgar créditos para construcción, y la falta de una banca pública eficiente agrava la situación”.
De esta manera se ha detenido la construcción de nuevas viviendas y el incremento en los costos deja escaso margen de beneficio.
Hay que tener también en cuenta, apuntaba Casalins, que las modificaciones en la Ley Canaria añaden más complicaciones. El silencio administrativo, “ahora es negativo en cuanto a licencias de construcción, y eso, retrasa aún más los proyectos”.
En este punto, añadió, que según la ley, las solicitudes de licencia de segregación deben resolverse en tres meses, “pero este plazo rara vez se cumple. Los tribunales, sobrecargados y lentos, pueden tardar más de un año en dar una respuesta”.
Para concluir, destacaron que para lograr solucionar este problema “se necesita una mentalidad a largo plazo, no solo para resolver las cuestiones de ocupación ilegal, sino también otros problemas que afectan a la isla”.