La consejera de Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura, Nereida Calero, anunció que la corporación insular presentará un nuevo contencioso administrativo contra el Gobierno de Canarias si no atiende al requerimiento de la corporación, aprobado por el Pleno con el voto en contra del PP, y da marcha atrás a un nuevo proyecto energético en Tuineje promovido por la vía del interés general a través del artículo 6bis.
Sería el décimo contencioso del Cabildo contra el Ejecutivo por proyectos que utilizan esta herramienta para “saltarse el planeamiento insular”. Los primeros nueve, aprobados por el anterior gobierno mientras que éste ha contado con el respaldo del Partido Popular, socio de gobierno de Coalición Canaria.
La consejera Nereida Calero aseguró durante la entrevista “no entender nada, ya que en algunos de los proyectos, incluso se destaca -en la justificación de la aplicación del 6bis- que el promotor pierde una subvención”.
Para nosotros, eso no es un interés general, no es el interés del vecino que ve expropiados terrenos y gavias, recalcó.
Calero subrayó que esta práctica, “casualmente, solo ocurre en Fuerteventura. Probablemente porque tenemos más suelo disponible y, en vez de aprender de los errores de otras islas, lo que están haciendo es usar nuestro territorio sin control", afirmó la consejera recordando, también, el malestar generado por la solicitud de prospectar en Fuerteventura las tierras raras.
En lo que va de legislatura, la acción del presidente Clavijo ha posibilitado que media docena más de proyectos energéticos, vía 6bis, hayan quedado sobre la mesa, desveló.
El Partido Popular, en contra del requerimiento
La consejera de Ordenación del Territorio también quiso poner de relieve la postura del PP en el pleno donde se aprobó el requerimiento previo al contencioso. "Sorprende que el PP haya votado en contra del requerimiento previo, cuando saben perfectamente el daño que esta práctica está causando en la isla", subrayó Calero.
Y no solo en el territorio y en los vecinos, a los que expropian sus terrenos, dijo, criticando el impacto económico que esta lucha legal está teniendo en la propia administración insular.
El gasto no solo de dinero para defender el territorio de una normativa que no se está aplicando correctamente, denunció, sino también el tiempo que emplean los recursos humanos de la corporación que deben paralizar otros asuntos para poder responder.
Ataque a la ordenanza para la implantación de renovables, “muerta antes de empezar”
Calero también se refirió al intento del Cabildo de regular la implantación de energías renovables a través de una ordenanza específica, para agilizar los trámites, que sufrió una campaña de desprestigio.
"La ordenanza de renovables sufrió un ataque brutal por parte de algunos medios de comunicación y ciertos sectores que sembraron dudas y confusión entre la ciudadanía, los ayuntamientos y hasta dentro de las propias instituciones", lamentó la consejera.
Una ordenanza “muerta antes de empezar”, que es difícil salga adelante antes que el Plan Territorial, recalcó para explicar que no hubiera permitido zonificar el suelo, pero sí delimitar en parte el impacto de algunos proyectos estableciendo criterios generales y prohibiendo la implantación en determinados espacios.
Con poca esperanza en la ordenanza, se impulsa el procedimiento del Plan Territorial Especial tratando de buscar consensos que posibiliten sacar adelante el documento y que "entre cuanto antes en vigor", insistió.
Se acaba de entregar la documentación que corresponde a la segunda fase y una vez se determine que está correcta pasará al Órgano Ambiental de Fuerteventura. El procedimiento va rápido, constató, por lo que se prevé reducir el tiempo previsto para su culminación "de cuatro años a unos dos y medio o tres", avanzó.
No determinaremos zonas "a dedo"
Otro punto de conflicto ha sido la exigencia del Gobierno de Canarias de establecer "zonas de aceleración" para proyectos de energías renovables. "Nos están pidiendo que señalemos a dedo las zonas donde se pueden implantar estos proyectos, y eso es algo que no vamos a hacer sin criterios técnicos", criticó Calero.
La consejera recordó que la normativa europea y el Gobierno de España han manifestado su oposición a esta estrategia, argumentando que la implantación de renovables debe priorizar el uso de cubiertas y suelo ya urbanizado antes de recurrir a suelo rústico o protegido. "Europa ha dejado claro que antes de tocar más suelo debemos aprovechar las cubiertas de edificios e infraestructuras existentes. Pero aquí parece que quieren hacer justo lo contrario", denunció.
Sobre el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), Calero explicó que se ha desistido del documento anterior y se ha optado por iniciar un nuevo procedimiento. "El PIOF anterior llevaba más de 15 años encallado en una maraña de trámites y normativas desactualizadas. Ahora hemos sacado a licitación su redacción con la intención de tener un documento adaptado a la realidad actual y garantizar la seguridad jurídica", informó. Un documento para el que se precisarán unos cuatro años hasta que pueda aprobarse de forma definitiva.
Regulación de acampadas y tránsito de vehículos
En cuanto a la ordenanza insular de acampadas, Calero confirmó que ya está en manos del órgano ambiental y que el Cabildo está trabajando para garantizar un uso ordenado de los espacios naturales.
También se refirió a la regulación del tránsito de vehículos comerciales en rutas naturales, especialmente ante las denuncias de ecologistas sobre el impacto de quads y motos en zonas protegidas. Desde que se aprobó la ordenanza, hace seis años, nunca se han establecido cupos para las diez rutas determinadas para este tipo de vehículos. Así, recordó que las empresas interesadas tienen hasta el 14 de febrero para presentar sus solicitudes.
Fuerteventura, una isla de cine
Por último, Calero celebró el éxito de la Film Commission y su impacto en la economía local. "Cada película rodada en la isla supone una inversión de varios millones de euros que redundan en sectores como hostelería, transporte y servicios", apuntó.
Además, destacó la importancia de facilitar los permisos de rodaje sin descuidar la protección del territorio. "Somos una isla de cine y debemos aprovechar ese potencial sin perder de vista la conservación de nuestros espacios naturales".
Para visibilizar el impacto de la industria cinematográfica majorera, la Film Comission impulsa, en el décimo aniversario de su creación, una exposición itinerante que en la actualidad puede verse en el aeropuerto de Fuerteventura.
