Canarias refuerza el control de la oferta turística ilegal

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha dado un nuevo paso en su estrategia para regular la oferta alojativa en el archipiélago mediante una colaboración con Booking. Esta alianza permitirá agilizar la retirada de anuncios de alojamientos que no cumplan con la normativa vigente.

Booking ha puesto a disposición del Ejecutivo regional su ‘Portal de Autoridades’, una herramienta utilizada por organismos públicos y cuerpos de seguridad para detectar y reportar alojamientos turísticos irregulares. Como parte del acuerdo, inspectores de Turismo y miembros de la policía canaria han recibido formación para utilizar esta plataforma y comunicar a la comercializadora los establecimientos que operen fuera del marco legal.

Además, durante la reciente Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, mantuvo una reunión con representantes de Booking para evaluar esta colaboración y explorar iniciativas similares con otras plataformas, como Airbnb.

Tecnología para mejorar la supervisión

Paralelamente, la Consejería de Turismo ha llegado a un acuerdo con Grafcan, la empresa pública responsable de la información geográfica de Canarias. Gracias a esta colaboración, se ha incorporado en su visor cartográfico una nueva capa que muestra la ubicación y clasificación del suelo donde se encuentran los alojamientos turísticos, incluyendo las viviendas vacacionales. Este sistema permitirá mejorar el control y la coordinación con otros organismos competentes.

A medio plazo, el Gobierno de Canarias también prevé establecer un acuerdo con los registradores de la propiedad, lo que facilitará la labor inspectora de los cabildos y del Ejecutivo autonómico para verificar la legalidad de los alojamientos turísticos en función de sus características y naturaleza.

En la actualidad, Canarias cuenta con 643.056 plazas alojativas, de las cuales 371.379 corresponden a hoteles y apartamentos, mientras que 271.677 son viviendas vacacionales. Con estas medidas, el Gobierno busca garantizar un desarrollo turístico ordenado y sostenible en el archipiélago.