Ben Magec exige la demolición inmediata del hotel Riu Oliva Beach y critica el "ridículo" del Gobierno de Canarias
El Gobierno de Canarias ha recibido un contundente revés del Tribunal Constitucional, que rechazó por unanimidad su intento de obtener competencias en materia de costas, después de que se dictara la orden de demolición del hotel Riu Oliva Beach, ubicado en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo
Así lo destaca Ben Magec-Ecologistas en Acción en un comunicado en el que califica este fallo como un nuevo "ridículo" del Ejecutivo de Canarias, acusando a Coalición Canaria y al Partido Popular de priorizar los intereses privados sobre el bien común y el respeto por el entorno natural. Según el colectivo, el hotel lleva décadas incumpliendo la normativa, ocupando ilegalmente la costa y contribuyendo a la degradación de un entorno protegido.
En su comunicado, Ben Magec advierte que el afán del Ejecutivo por adquirir competencias en costas plantea serias dudas: "¿Qué harían con esas competencias? ¿Permitirían que el hotel siga operando ilegalmente?" se preguntan. Además, recuerdan que el propio Consejo de Estado también ha respaldado la autoridad del Estado sobre estas cuestiones.
La orden de demolición del RIU Oliva Beach deriva de numerosas infracciones, incluidas construcciones no autorizadas que fueron denunciadas por la organización en 2020. Entre estas, destacan una rotonda y una carretera de acceso que fueron ejecutadas sin permisos. En 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica multó a la cadena hotelera con 204.000 euros por estas irregularidades, sin que hasta el momento hayan corregido las ilegalidades, lamentan.
En este contexto, las organizaciones ecologistas también critican el reconocimiento otorgado por el Gobierno de Fernando Clavijo al hotel RIU el pasado año, cuando lo galardonó con el premio Turismo Islas Canarias, calificándolo como "pionero" en el desarrollo turístico de Fuerteventura. Para Ben Magec, se trata de un "reconocimiento inaceptable" a un establecimiento que ha violado la ley y que, además, fomenta un modelo turístico depredador y masificado.
El grupo ecologista subraya que la responsabilidad sobre los trabajadores afectados por el futuro cierre del hotel recae en la cadena RIU, no en las administraciones. "Tanto la propia hotelera como el Gobierno de Canarias y el Cabildo de
Fuerteventura tratan de centrar el debate en los puestos de trabajo y no en las ilegalidades que han cometido", advierten.
Apuntan a que es la empresa la que debe buscar soluciones para recolocar a su plantilla, en lugar de victimizarse y utilizar a los empleados como "escudo" para evitar el cumplimiento de la legalidad.
Finalmente, Ben Magec exige la "demolición inmediata" del hotel y pide al Gobierno de Canarias que actúe con responsabilidad y se posicione "del lado de la ley y del interés general". S
egún la organización, este derribo sería una victoria para quienes defienden un modelo turístico sostenible y respetuoso con el territorio.