ASCAV lleva al Gobierno central ante el Tribunal Supremo y la Comisión Europea
ASCAV pide la suspensión cautelar del Real Decreto por el que se crea el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1312/2024, aprobado el pasado 23 de diciembre, y ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea.
Según destaca la entidad, en un comunicado remitido este miércoles, este decreto, que establece la obligatoriedad de registrar todas las viviendas turísticas en un registro central gestionado por el Ministerio de Vivienda, es inconstitucional y contrario a las normativas europeas.
ASCAV subraya que el decreto vulnera el Reglamento 2024/1028 de la Unión Europea, que prohíbe expresamente la duplicidad de registros. Las viviendas turísticas ya están inscritas en los correspondientes registros autonómicos por lo que "obligarlas a pasar nuevamente por una nueva inscripción, ante el registro de la propiedad en este caso, vulnera frontalmente la norma europea que tiene primacía y preferencia frente a la nacional".
La organización también señala que el decreto invade competencias autonómicas al asignar a los registradores de la propiedad, dependientes del Ministerio de Justicia, la tarea de verificar las viviendas turísticas.
Esto, sostiene ASCAV, infringe el artículo 148.1.18ª de la Constitución Española, que otorga a las comunidades autónomas la regulación y supervisión de los alojamientos turísticos. “El Gobierno de España se está arrogando competencias que no le corresponden”, añadieron.
Ante la gravedad de la situación, ASCAV ha solicitado la suspensión cautelar del decreto, argumentando que podría generar un “perjuicio irreparable” para el sector, que representa miles de empleos y tiene un impacto económico significativo en todo el país.
La asociación también ha llevado el caso a la Comisión Europea, advirtiendo de posibles sanciones para España si no rectifica la situación. “El incumplimiento de la normativa comunitaria podría derivar en procedimientos de inspección e incluso sanciones económicas”, alertaron.
El desenlace de estas acciones legales será determinante para el futuro del sector del alquiler vacacional en España.