Presunto acoso sexual contra una extrabajadora del Ayuntamiento de Puerto del Rosario

José Juan Herrera: "Los mensajes de índole sexual está manipulados claramente"

Herrera Martel en un momento de la declaración

El fiscal ratificó su solicitud de cinco meses de prisión e inhabilitación especial para presentarse a las elecciones durante el tiempo de la condena, la inhabilitación para empleo y cargo público por período de un año, la prohibición de comunicarse con la exasesora por un periodo de dos años y una indemnización de 3.000 euros. Por su parte, el abogado de la defensa, Raúl Miranda, ha pedido la libre absolución de su defendido, "pues no se ha podido garantizar que es el autor de los mensajes supuestamente emitidos".

El edil  de Puerto del Rosario José Juan Herrera Martel ha comparecido este martes en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital de Fuerteventura para defender su inocencia ante la querella criminal interpuesta por presunto acoso sexual por parte de la exasesora municipal Yaiza Sotorrío. Herrera Martel ha asegurado que los mensajes de índole sexual, que supuestamente recibió la extrabajadora, "están manipulados claramente", según informa EFE.

Cabe recordar que Sotorrío denunció supuesto delito de acoso sexual continuado entre enero de 2018 y septiembre de 2019.

Así lo aseguró en su declaración, el pasado 25 de mayo, haciendo alusión a varias conversaciones mantenidas por Facebook y Messenger en las que el acusado insistía en mantener relaciones sexuales con ella pese a su negativa.

Entre los mensajes presentados como prueba, el escrito del fiscal del caso señala, entre otras expresiones: "Yo querría hacerte el amor en el despacho", "te lo haré y tú vas a acceder", "tú no te me vas sin el despacho".

Herrera Martel ha reconocido haber mantenido una "buena relación" con Sotorrio, hasta que en septiembre de 2019 empezó a haber disconformidad entre él y Manuel Travieso, el cabeza de lista de la Agrupación de Electores en la que Herrera ocupaba el segundo puesto y Sotorrío, el tercero.

En ese momento, según el acusado, la exempleada de confianza se posicionó del lado de Travieso. Fue entonces cuando "se rompió la relación de amistad", ha manifestado.

Posteriormente, Sotorrío fue despedida en julio de 2020 sin que el edil, aseguró, tuviera nada que ver con este hecho.

El edil ha señalado que el motivo del despido se debió a la pérdida de confianza y al malestar que la exasesora había provocado entre otros concejales del grupo de gobierno que la acusaban de "intromisión" en otras áreas municipales, una postura que, según Herrera, llevó a varios ediles a pedir su cese.

Herrera también ha negado haber amenazado a la mujer con el despido si no se avenía a mantener relaciones sexuales y ha incidido en que detrás de la denuncia existe un “complot político”.

En ese sentido, ha asegurado que un alto cargo político, que estaba en negociaciones para llevar a cabo mociones de censura en el Cabildo y Pájara, le dijo que si firmaba una moción en la capital "se retiraba la denuncia".

Herrera, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado y se ha negado a contestar al fiscal y a la abogada de la acusación, se ha quejado del "linchamiento mediático sin precedentes" al que considera que ha sido sometido por un hecho que niega haber cometido y que ha ocasionado daños personales y familiares por lo que ha pedido justicia “ante este sufrimiento innecesario”.

Durante el juicio también han comparecido dos peritos de la defensa y uno de la acusación particular al que se le encargó un informe pericial para determinar si los mensajes que se intercambiaron el acusado y la víctima por Facebook y WhatsApp habían sido manipulados.

El perito ha insistido en que no se encontraron "ni un solo indicador" de una posible manipulación en los mensajes. La defensa encargó un informe contrapericial que decía que no eran concluyentes ni se podía garantizar la autoría a través de Facebook de quien envió los mensajes

El fiscal ratificó su solicitud de cinco meses de prisión e inhabilitación especial para presentarse a las elecciones durante el tiempo de la condena, la inhabilitación para empleo y cargo público por período de un año, la prohibición de comunicarse con la exasesora por un periodo de dos años y una indemnización de 3.000 euros.

La abogada de la acusación, Eleida Lances, se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal y ha declarado a los periodistas que la prueba pericial ha demostrado que "los mensajes no fueron manipulados, pues ya el acusado en instrucción había reconocido que era su perfil". Asimismo, se ha mostrado esperanzada en que se haga justicia y que "se aprenda, de una vez por todas, que no es no".

Por su parte, el abogado de la defensa, Raúl Miranda, ha pedido la libre absolución de su defendido, "pues no se ha podido garantizar que es el autor de los mensajes supuestamente emitidos".

Además, ha defendido que la situación de ansiedad vivida por Sotorrío después de que se le comunicara el despido, no se debe a una actuación de su cliente "sino al resultado de un despido donde un auto la Audiencia Provincial ha dicho que él nada tuvo que ver”.