Blas Acosta: “¿Si es una cuestión de competencias por qué no se plantea en el Tribunal Constitucional?”

Voy a comenzar con una obviedad: En virtud del Estatuto de Autonomía de Canarias las competencias de Costas son de la Comunidad Autónoma, así que agradecemos todas las propuestas, los desvelos y las preocupaciones que puedan tener en el Ministerio de Transición Ecológica pero a la vista de las constantes injerencias en algunos procedimientos como por ejemplo los referidos a los hoteles de RIU en las Dunas de Corralejo, es conveniente recordarles una vez más que las resoluciones serán adoptadas en el Archipiélago.

En vista de lo sucedido estos días procede interponer recurso de reposición contra esta resolución cautelar del TSJC, y visto el empecinamiento del Ministerio debemos ir preparándonos en Canarias para llegar hasta el Tribunal Constitucional, si fuera necesario.

Nadie podrá decir que no hemos mantenido una línea de coherencia y contundencia en Fuerteventura y en Canarias, con acuerdos unánimes de todas las fuerzas políticas, y así se lo hemos trasladado al Consejo de Estado, y que ahora el TSJC sostenga que les parece “más garantista” la posición que defiende el Ministerio nos devuelve a la situación inicial, pero con un cambio sustancial. Las competencias ya son oficial y formalmente de Canarias desde el pasado enero.

Lo dije hace más de 6 años cuando era vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, lo ratifiqué hace 3 siendo presidente reclamando además las competencias de Costas para Canarias, lo subrayé y celebré en enero pasado cuando por fin se logró este hito histórico, oficial y formalmente, de la mano de un gobierno socialista por cierto, y lo vuelvo a repetir hoy de nuevo: aquí no hay siglas políticas que valgan, es una cuestión que afecta directamente a Fuerteventura. Trasciende ya incluso el ámbito legal.

Estamos ante una cuestión política de primer orden en donde se están poniendo en cuestión y definiendo los límites de las competencias autonómicas de Canarias en un asunto fundamental como es la gestión del territorio litoral en nuestras islas, y no vamos a aceptar tutelas.

Por supuesto que la cuestión jurídica es importante pero hay muchos más factores a tener en cuenta que no se contemplan en los tribunales, y me refiero al histórico compromiso de la cadena Riu con la Fuerteventura desde los años 70, el importante número de trabajadores que están siendo perjudicados y que son vecinos y ciudadanos de nuestra Isla, las consecuencias económicas derivadas de esta incertidumbre que dura ya demasiado tiempo, el daño reputacional para la empresa y para la imagen de nuestro destino turístico. Esto también hay que tenerlo en cuenta.

Parece que hay quien disfruta prolongando este pleito entre dos administraciones, la estatal y la autonómica, que tutelan un mismo interés general en defensa del dominio público marítimo terrestre, pero en el fondo de la cuestión lo que se está cuestionando es cuál es la administración que tiene las competencias para autorizar obras. Y desde enero pasado está claro que es el Gobierno de Canarias. No hay dudas.

Cuando se construyeron estos hoteles ni siquiera estaba declarada la protección del entorno, no había ley al respecto, y fue gracias a estos establecimientos, y a otros, que Fuerteventura pudo comenzar a desarrollar su industria turística.

Les debemos mucho de lo que somos hoy en día, por eso, hoy lo que hay que hacer es compatibilizar su existencia con la protección y revalorización del parque natural, lo digo rotundamente, sí, sin ambigüedades.