El PSOE exige a Lloret, CC y PP que justifiquen el gasto de más de 3M€ aprobado para el PIOF "estando ya prácticamente culminado"

Maria Jesus de La Cruz

Sergio Lloret "debe replantearse qué ha estado haciendo durante los últimos dos años al frente de la Ordenación del Territorio si al final tiene que encargar fuera de la Corporación la redacción del PIOF y otros importantes documentos de planeamiento y ordenación". El grupo socialista advierte, en una nota de prensa, de que el próximo semestre puede decaer gran parte del trabajo realizado si no se cumplen una serie de hitos del planeamiento insular, y de ser así, racalcan, " estaríamos perdiendo una oportunidad histórica".

El PSC PSOE exige al actual grupo de gobierno del Cabildo que explique las razones que justifican la contratación de la redacción y tramitación del Plan Insular de Ordenación del Territorio y de los Recursos Naturales de Fuerteventura (PIOF) con una factura de más de 3 millones de euros de dinero público "cuando el documento ya está prácticamente culminado a falta solo de una adaptación a la Ley 4/2017 del Suelo, trámite que pueden realizarse con recursos propios y que en principio no debería implicar un gasto tan importante de dinero público".

La contratación del PIOF y otros importantes instrumentos de ordenación y planeamiento por parte del Cabildo se llevó a cabo hace dos semanas, en los últimos días del año, "dejando al margen a los servicios técnicos de la Corporación Insular y poniendo en evidencia, una vez más, la incapacidad política de este grupo de gobierno para resolver los asuntos que son de su competencia, y nos lleva a preguntarnos qué ha estado haciendo el actual presidente y también responsable del Planeamiento y la Ordenación del Territorio durante los últimos dos años si al final tiene que encargar su trabajo fuera de la Corporación".
 

En junio del año 2020 el Pleno del Cabildo Insular tomó en consideración un dictamen sobre la situación jurídico-administrativa en la que se encontraba el PIOF y las medidas necesarias para su aprobación definitiva, emitido por el Grupo de Investigación de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna coordinado por Francisco José Villar Rojas, uno de los redactores principales de la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Conforme a este informe el Pleno de la Corporación acordó la continuidad del procedimiento y para ello bastaba con retrotraerse a la “Fase de Aprobación Inicial” adaptando el documento a la Ley del Suelo y posteriormente con la apertura del trámite de información pública y de consulta a las administraciones afectadas, en ningún caso iniciar una nueva redacción ni mucho menos destinar una cantidad ingente de dinero público para su aprobación definitiva.

 Desde aquel mes de junio del año 2020 el anterior Consejero de Ordenación y ahora también presidente gracias al apoyo de CC y el PP, Sergio Lloret, no ha dado ni un solo paso adelante, y como solución a su incapacidad e inacción contrata a otros para que culminen el trabajo, con una factura con cargo al presupuesto insular que supera los 3 millones de euros -cifra que se suma a los 2 millones ya gastados por el Gobierno presidido en su día por el nacionalista Mario Cabrera que también contrató precisamente al mismo organismo y para el mismo cometido- y todo para realizar un trabajo que el Cabildo ha podido realizar con medios propios.

El grupo socialista en el Cabildo advierte que el próximo semestre se vencen plazos de validez de algunos de los documentos y trámites relacionados con el Planeamiento Insular y que si no se cumple en tiempo y forma con algunos hitos de la hoja de ruta podría perderse gran parte del trabajo realizado y la oportunidad histórica de contar con un PIOF que ordene de una vez nuestra Isla.

Por todo esto el PSC PSOE vamos a estar vigilantes en la defensa del interés general, porque defendemos un modelo de Isla en el que se den las garantías necesarias para un desarrollo sostenible. Instamos a la actual mayoría de gobierno del Cabildo a que sean escrupulosos y eficientes en la tramitación de este documento y procuren no poner en riesgo los consensos políticos, técnicos y administrativos que tan difíciles han sido de conseguir en nuestra Isla.