El Ministerio Fiscal rebaja la petición de pena para Blas Acosta a un año y 9 meses por el caso Gesturpa

La segunda sesión del juicio oral a Blas Acosta por el caso Gesturpa daba inicio este miércoles en el Juzgado de lo Penal, número 2 en Puerto del Rosario, con la retirada de la acusación de delito punible por parte del Ministerio Fiscal que atendía a la petición de la letrada de Acosta sobre la aplicación de un artículo del Código Penal, modificado en el año 2015 cuando el acusado ya no ejercía como administrador único de la empresa de promoción de vivienda pública de Pájara.

De esta manera, Tomás Fernández reduce la petición de pena para Acosta de 4 años y 3 meses a un año y 4 meses, manteniendo la acusación de administración desleal.

El fiscal, que no pudo tomar declaración a Acosta porque éste únicamente respondió a preguntas de su abogada, insistió en su argumento de que Gesturpa “es una sociedad mercantil, con independencia de su finalidad, y debe actuar como tal”.

En este sentido volvió a hacer hincapié en los informes del auditor que apuntaban a que las cuentas no reflejaban el estado real de la empresa en situación de causa de disolución. ¿Por qué, si estaba en quiebra, no se procedió a su disolución?, ¿por qué, si nunca fue viable, no se disolvió?, insistió.

Fernández recalcó el hecho de que en 2012 el Ayuntamiento de Pájara, mediante el plan de pago a proveedores, procedió a abonar deudas de Gesturpa por valor de casi 2 millones de euros, algunas de las cuales ni siquiera estaban contabilizadas por la empresa pública. Así, recalcó, la deuda de Gesturpa de un millón de euros hasta entonces, pasó a ser de tres millones de euros en ese ejercicio.

Entre las facturas abonadas por la corporación, se encuentra una relativa a la empresa Mahlec, que data de 2006, y que asciende a 895.000 euros por trabajos de alumbrado realizados en la zona de Cañada del Río, en Costa Calma. Una factura que Gesturpa no tenía contabilizada pero que incrementa la deuda que contrae con el Ayuntamiento cuando la corporación local realiza el plan de pagos, insistió. 

De esta manera, para el fiscal existe un perjuicio claro de despatrimonialización de la mercantil que se acentúa con el tiempo al no procederse a la disolución de Gesturpa.

Además, recalca que en todas las cuentas hay “irregularidades” y “salvedades significativas” que influyen negativamente en la viabilidad de la empresa pública.

A preguntas de su abogada, María Rosa Díaz Bertrana, Blas Acosta respondió que en los años 2012, 2013 y 2014 puso en conocimiento del Ayuntamiento de Pájara que Gesturpa estaba en “cauce de disolución”. Además, negó que la mercantil solicitara, en 2012, un préstamo con la corporación local por valor de 1,7 millones de euros y recalcó que "jamás se firmó ningún préstamo ni entró un céntimo en condición de préstamos en la cuenta de Gesturp". 

En relación a la factura de Mahlec, el acusado explicó que se trató de una obra encargada por el Ayuntamiento y que Gesturpa  encargó  para proceder al proyecto de alumbrado de las cuatro urbanización de toda la Cañada del Río. Es el Ayuntamiento quien abona la factura, insistió Acosta. 

¿Cuál es el perjuicio?

Por su parte, la letrada, María Rosa Díaz Bertrana, consideró que no se ha cometido ningún perjuicio para el patrimonio administral al menos, destacó, "no se ha cuantificado ni determinado. No sabemos cuál es el perjuicio, por lo que no nos podemos defender", apostilló.

En relación al “préstamo” del Ayuntamiento a Gesturpa que permitió abonar las facturas pendientes de la empresa municipal “nunca hubo ninguna entrada de dinero a la mercantil”. Tampoco hubo una encomienda de gestión a Gesturpa para la obra de Mahlec, que presentó la factura en 2012 "cuando estaba en concurso de acreedores", subrayó siguiendo la línea expuesta por Acosta.

Para la letrada, todos los movimientos son perfectamente explicables y “nadie ha acreditado una conducta dolosa por parte del acusado, que es lo que nos trae aquí”. No se ha cometido ninguna conducta punible como expresamente  han dicho los peritos, argumentó. 

Además, insistió en el carácter social de esta empresa que construyó  397 Viviendas de Protección Oficial en el municipio puestas a disposición de las familias vulnerables con menos recursos económicos.

Larga instrucción

Celebrado el juicio, que queda visto para sentencia, el secretario general de los socialistas majoreros, declaró ante los medios de comunicación que “siempre se ha actuado en la administración de Gesturpa conforme a la normativa vigente”.

Acosta insistió en que “jamás se ha producido quebranto a la empresa como venimos repitiendo durante esta larga instrucción, desde 2010 cuando se me denuncia  por una ex socialista y desde 2015 desde cuando se actúa por parte de Fiscalía”.

Confía en que pronto haya una resolución judicial ya que “tanto el perito judicial, como el auditor de cuentas como el abogado liquidador de la sociedad y la pericial han manifestado que no se ha producido ningún quebranto patrimonial para Gesturpa”.