CC Fuerteventura presenta una PNL en el Parlamento para blindar a la isla contra la explotación de Tierras Raras

 El grupo parlamentario de Coalición Canaria, en su compromiso con las instituciones majoreras, las asociaciones vecinales y la ciudadanía de la isla, una vez conocido el pronunciamiento de todos los agentes y entidades implicadas, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL), en la que se recoge el sentir del Cabildo de Fuerteventura, los ayuntamientos afectados, FECAI y FECAM, así como las alegaciones vecinales presentadas que rechazan “en bloque” la minería de Tierras Raras en Fuerteventura.

Esta PNL, a la que también se ha sumado posteriormente el Partido Popular, tiene como objetivo paralizar todas las autorizaciones de prospecciones para explorar, investigar o explotar Tierras Raras en todo el territorio de Fuerteventura, de forma que blinde a la isla ante cualquier posible proyecto que se presente “ahora y de cara al futuro”, detallan desde la organización política.

El rechazo absoluto de la sociedad majorera ante la posible llegada de las prospecciones mineras para la obtención de materias primas críticas ha dejado de manifiesto que “la minería no responde al modelo territorial que defiende la isla”, señalan desde el partido.

Con la aprobación de este acuerdo de los dos grupos que apoyan al Gobierno autonómico las prospecciones de Tierras Raras dejarán de ser una amenaza para Fuerteventura, concluyen desde AM-CC.

El acuerdo incluye medidas como paralizar la tramitación de las solicitudes de investigación que se encuentren en trámite, así como revisar cualquier tipo de autorización relativa a los permisos de investigación de 'tierras raras' en la Isla de Fuerteventura.

La actividad minera tiene implicaciones socioeconómicas y ambientales de gran magnitud sobre Fuerteventura y que por tanto requieren de una Evaluación Estratégica y de Evaluación Ambiental Estratégica.

A razón de esto, se añade en esta propuesta la petición de invalidar la tramitación de los permisos mineros por separado y de forma individualizada, cuando estos realmente forman parte de un plan conjunto, con el fin de esquivar dicha evaluación.

Por otro lado, se pide al Gobierno de Canarias que no se tramiten nuevas solicitudes de exploración, investigación o extracción de "tierras raras" sin que se haya realizado una consulta previa al Cabildo Insular y los Ayuntamientos afectados, además de pedir que se remita tanto a la Corporación insular como a los ayuntamientos majoreros toda la información y documentación pertinente relativa a la relación de solicitudes de permisos de exploración, investigación y explotación de tierras raras concedidas y en trámite en los últimos diez años en Fuerteventura.

Además, se pide al Gobierno de Canarias que la financiación de proyectos - públicos o privados- de investigación de tierras raras en las islas deben ser consensuados con las instituciones insulares y municipales que se vean afectadas por dicha investigación.

En este sentido, el Grupo Nacionalista Canario recuerda que el Parlamento de Canarias se adoptó como una Propuesta de Resolución en el marco del debate de la nacionalidad canaria de 2024 en el que se especificaba que se debía consultar a los cabildos y, en su caso, a los ayuntamientos afectados sobre la autorización de cualquier actividad relacionada con materias primas críticas en las islas y, en particular, en la isla de Fuerteventura.

Por otra parte, se requiere al Gobierno autonómico que inste al Gobierno del Estado español a realizar las modificaciones pertinentes en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas al objeto de que cualquier yacimiento de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio, mar territorial y plataforma continental perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por último, se propone en dicha PNL la redacción de un Decreto Ley que legisle sobre la investigación y aprovechamiento de origen natural y demás recursos geológicos de la "Sección C" existentes en el territorio de Canarias, por el que se establezcan las medidas urgentes necesarias, relativas a su regulación, teniendo en cuenta toda la normativa ambiental existente.