El Cabildo de Fuerteventura se planta contra otro proyecto energético autorizado por la vía del interés general
El Cabildo de Fuerteventura vuelve a la carga contra la autorización de proyectos energéticos por la vía del interés general. En el pleno de este viernes, la Corporación insular ha aprobado presentar un requerimiento previo contra el Gobierno de Canarias para revocar la autorización de la Subestación Eléctrica Majorera 132/30 kV, en el municipio de Tuineje. Si el Ejecutivo autonómico no rectifica en el plazo de un mes, el Cabildo acudirá a los tribunales por la vía del contencioso-administrativo.
La presidenta insular, Lola García, ha denunciado que este procedimiento, regulado en la Ley del Sector Eléctrico de Canarias, se ha convertido en una puerta trasera que permite a las empresas instalar infraestructuras energéticas sin someterse al planeamiento insular ni a un análisis del impacto en la isla. "Lo que debería ser una medida excepcional se ha convertido en la norma, facilitando que las empresas decidan dónde colocar sus instalaciones sin tener en cuenta las particularidades de Fuerteventura", criticó.
García insistió en que el criterio de interés general se está utilizando de forma injustificada y sin valorar adecuadamente las afecciones al paisaje, el territorio y los recursos naturales de la Isla. “Nos imponen infraestructuras sin evaluar si realmente son necesarias o dónde deben ubicarse”, lamentó.
El Cabildo ofrece una última oportunidad antes de acudir a los tribunales
La consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, explicó que el requerimiento previo tiene como objetivo dar margen al Gobierno de Canarias para rectificar y seguir la vía ordinaria para la autorización del proyecto. Sin embargo, dejó claro que si la Consejería de Transición Ecológica y Energía no responde en el plazo de un mes, el Cabildo acudirá a los tribunales, como ya ha hecho con otros nueve proyectos que también fueron aprobados por esta vía.
“No estamos en contra de las energías renovables”, aclaró Calero. “Estamos a favor, pero deben ser la sociedad e instituciones majoreras quienes decidan dónde se implantan y no las empresas, que están utilizando un artículo de la ley para saltarse el planeamiento y colocar las infraestructuras de manera arbitraria”.
Con este movimiento, el Cabildo reafirma su postura de rechazo frontal al uso indiscriminado de la declaración de interés general y deja claro que seguirá luchando en los tribunales si el Gobierno autonómico no da marcha atrás.