Servicios públicos y vivienda, prioridades en los presupuestos de 2025 entregados al Parlamento

 

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha entregado esta mañana a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2025. Con este gesto, se inicia la tramitación parlamentaria de unas cuentas públicas “elaboradas con cautela, ajustadas a los gastos reales y que dan prioridad absoluta a los servicios públicos esenciales”, adelantó la consejera. 

Los PGCAC para 2025 se han elaborado en un escenario complejo, marcado por las tensiones geopolíticas y su efecto sobre la economía mundial y por la transición hacia el nuevo marco fiscal europeo. A nivel interno, España arrastra un nivel de incertidumbre ‘acumulada’ desde la prórroga de los anteriores presupuestos generales. Además, no se han aprobado, hasta la fecha, los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y subsectores. 

Matilde Asián ha insistido en que este proyecto de PGCAC es riguroso y se ajusta a las reglas de estabilidad previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya que, para su elaboración, se ha recurrido a la última referencia del Programa de Estabilidad del Reino de España, que establece un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas. Respecto al límite del crecimiento del gasto computable, se ha aplicado la tasa de referencia del 3,2% fijada para 2025 por el Gobierno central. 

Teniendo en cuenta todas estas variables, el presupuesto de la comunidad autónoma para 2025 cuenta con un crédito inicial de 11.678 millones de euros. Esto supone un incremento del 3,3%, lo que se traduce en 376 millones de euros más respecto a los presupuestos iniciales de 2024, que se destinarán, principalmente, a garantizar el gasto en políticas sociales. 

Por lo tanto, y como ya ocurrió en el ejercicio anterior, el grueso del presupuesto se destinará a Educación, Sanidad y Servicios Sociales. De esta manera, el Servicio Canario de Salud crece en 220 millones de euros hasta 4.589,84 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,04%. Por su parte, el incremento en Educación se sitúa en el 2,93% con 61 millones más respecto al ejercicio anterior lo que hace un total de 2.154,08 millones de euros; mientras que la partida destinada a Bienestar Social asciende a 761,54 millones de euros, casi 59 millones de euros más, lo que supone un incremento del 8,37% respecto a 2024. 

Además, el presupuesto de este año da prioridad a facilitar el acceso a la vivienda, por lo que el Instituto Canario de la Vivienda es uno de los organismos con mayor incremento porcentual respecto a este ejercicio, un 11,15% más, con una partida de 171,86 millones de euros.  

Para la recuperación económica de La Palma y las tareas de reconstrucción en la isla tras la erupción volcánica, el marco presupuestario aprobado garantiza una dotación de 50 millones de euros. 

En la vertiente de los ingresos también se ha optado por un criterio de prudencia ante las incertidumbres ya comentadas. En el caso de los recursos procedentes del Sistema de Financiación se recogen 7.580 millones de euros, de los cuales 6.594 millones corresponden a las entregas a cuenta de 2025 y 986 millones a la previsión de liquidación de 2023. Estas cifras, comunicadas a finales del mes de julio de 2024, tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, suponen, en su conjunto, un incremento del 2,7% en relación al total de recursos del Sistema de Financiación a percibir en el año 2024.   

Respecto a los gastos consolidados por capítulos, el mayor crecimiento recae en el Capítulo I-Gastos de personal con 236,97 millones de euros, un 5,32% de crecimiento porcentual. El 95% de dicho crecimiento va destinado a reforzar el personal de las áreas de servicios públicos fundamentales como sanidad, educación, justicia y seguridad. 

Medidas tributarias y otras bonificaciones

En relación a la política fiscal, se han incluido medidas de carácter tributario para ayudar a familias y empresas. Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una mejoría general de las deducciones en el tramo autonómico, con incrementos de las cuantías y de los contribuyentes que pueden aplicarlas, al incrementarse las bases máximas para poder acogerse a las mismas. 

Además, y ante la desaceleración de las tasas de inflación, se elimina la deducción por alza de precios, que se sustituye por una deflactación de la escala autonómica en todos los tramos y, por primera vez en Canarias, se eleva la cuantía del mínimo personal y familiar. 

La apuesta del Gobierno de Canarias por facilitar el acceso a la vivienda, también se ha visto reflejada en deducciones en el IRPF. De hecho, las deducciones que más han incrementado su importe, son las destinadas a paliar el precio de adquisición de las viviendas habituales y del arrendamiento de viviendas, especialmente para los menores de 40 años. Las deducciones pueden alcanzar los 330 euros anuales para la adquisición de la vivienda, y llegar hasta 800 euros anuales si se trata de menores de 40 años o mayores de 75 años, en el supuesto de arrendamiento. Además, se crea una deducción de hasta 150 euros por gastos derivados de la adecuación de un inmueble que se destine al alquiler como vivienda habitual, y de 1.000 euros por vivienda que se destine al alquiler de vivienda habitual, para incentivar la salida al mercado de viviendas vacías.

En lo que respecta al IGIC, se reduce el tipo impositivo para la práctica del deporte del 7% al 3% con el objeto de prevenir enfermedades y fomentar los hábitos de vida saludable. 

Por otra parte, en relación al impuesto sobre combustibles y derivados del petróleo, se modifica la forma de determinar el importe a devolver a agricultores y transportistas, que pasa a calcularse en base al consumo real. Además, se establece la compatibilidad de la devolución del impuesto de combustibles a agricultores y transportistas con la bonificación en las islas no capitalinas. También se contempla la creación del régimen especial de gasóleo industrial para mejorar la aplicación del tipo reducido de este tipo de combustible.  

Por último, se ampliará la bonificación del precio de adquisición de combustible a las islas no capitalinas, con determinación trimestral de la cuantía de la bonificación en función de los precios de suministro exigible en cada isla, pudiendo ser diferente en cada una de ellas.