Miguel Macías: “Yo creo que Blas Acosta es la mano negra del plan parcial La Lajita 2000”
Miguel Macías, aparejador de Pájara y propietario de un solar en el plan parcial La Lajita 2000, denuncia la falta de respuesta del Ayuntamiento sureño a las alegaciones que presentó contra una resolución municipal que deniega su solicitud de permiso de obras por “deficiencias insubsanables en el proyecto”. Unas deficiencias, consideró, que obedecen, entre otras cuestiones, a la aplicación de la modificación de las ordenanzas -a pesar de que no habían entrado en vigor cuando hizo la solicitud- y atendiendo a la restricción en la edificabilidad que supone la modificación. “Con la modificación, el Ayuntamiento se ha pegado un tiro en el pie”, aseguró en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular. Macías quiere evitar acudir a los tribunales y tiende la mano para llegar a acuerdos “y no esperar a que el Tribunal Supremo resuelva dentro de diez años”. Esto no interesa ni al Ayuntamiento, ni a los empresarios ni a los vecinos, subrayó.
Hace 24 años se aprobó el plan parcial La Lajita 2000. Un plan que contemplaba la necesidad de construir una ciudad dormitorio en el municipio, alejado de las zonas turísticas, para dar respuesta al crecimiento de la población. De esta manera se aprobó el plan parcial, bajo el mandado de Ignacio Perdomo, de forma consensuada. Se llevó a registro, se inscribió y se acordó el sistema de Junta de Compensación, según la ley del suelo.
A partir de ahí, cambió la corporación y la gestión se complicó.
Así lo consideró Miguel Macías para explicar por qué en tanto tiempo no se ha desarrollado el plan. A su juicio, "ha habido un político nefasto en el plan parcial, Blas Acosta, entonces concejal de Urbanismo (en la actualidad consejero insular de Infraestructuras)”.
Macías aseguró que Acosta promovió dos urbanizaciones en La Lajita sin cumplir con los pagos correspondientes. "Nunca pagó, ni en euros ni en pesetas, las cuotas que correspondían a sus promociones. Esto dejó deudas elevadísimas que ahora recaen sobre quienes compraron las viviendas", señaló.
Además, afirmó que el Ayuntamiento, como propietario de suelo en el plan parcial, tampoco ha cumplido con sus obligaciones económicas, acumulando una deuda que supera el millón trescientos mil euros.
24 años de desencuentro y el plan...sin desarrollar
En más de dos décadas desde la aprobación del plan, los desacuerdos entre propietarios y la corporación se han intensificado. El Ayuntamiento culpa a los empresarios por falta de consenso en todos estos años y éstos, por su parte, no dudan en señalar a los responsables municipales como causantes de la parálisis.
En este contexto se aprobó, a principios de 2023 y por unanimidad de todos los representantes políticos, la modificación menor B del plan y, también cambiar la Junta de Compensación; un sistema entonces consensuado y de carácter privado, que ahora ha pasado a ser, por una decisión unilateral, de carácter público, apuntó Macías.
En estos momentos, avanzó, hay interpuestos dos contenciosos administrativos contra la modificación menor B del Plan de Ordenación Urbana de La Lajita, publicada en el Boletín Oficial de Las Palmas el pasado mes de octubre, desveló Macías.
Sin respuesta, solo quedan los tribunales
El propio empresario no descarta acudir a los tribunales para denunciar que se le ha denegado el permiso para acometer obras de construcción de 54 viviendas triplex por “deficiencias insubsanables” en La Lajita. La respuesta le llegó pasados 131 días desde que registrara su solicitud, habiéndose excedido considerablemente el plazo de la corporación local para contestar. “Es positivo por silencio administrativo, pero no voy por ahí”, afirmó.
El empresario explicó que presentó una solicitud de licencia de obras en septiembre de 2023, pero se le denegó bajo el argumento de "deficiencias insubsanables".
Macías considera que estas "deficiencias" son resultado de una modificación urbanística que se aprobó cuando su solicitud ya estaba en trámite, algo que, según sus abogados, carece de validez legal. "Las nuevas ordenanzas no estaban vigentes y no tienen carácter retroactivo”, insistió.
Además, la nueva normativa merma sus derechos urbanísticos, consolidados desde el año 2000, por restringir la edificabilidad, apuntó. En su caso, teniendo la potestad de edificar a priori en una superficie total de 6.147 metros cuadrados, con las ordenanzas “serían 400 metros cuadrados menos”. Para el empresarios, es un recorte arbitrario de derechos que estaban consolidados. “Si en 2000 tenía esos derechos, no pueden ahora reducirlos sin justificación legal", comentó.
Además, cambios realizados en el planeamiento “me coaccionan el acceso al garaje”. Imposibilitan la entrada por la fachada principal y obligando el acceso por la fachada al barranco “donde hay una vía peatonal de nueva creación, pues me obligan a desviar el tráfico rodado de acceso a mi promoción por el peatonal. Es descabellado”, subrayó.
Tras analizar la denegación de solicitud, el aparejador ha tratado de contactar con la oficina técnica que “está cerrada, desde hace dos meses; deben estar revisando todo lo que han hecho mal, porque se han pegado un tiro en el pie con las ordenanzas y la propia modificación menor”.
Tampoco el edil de Urbanismo, Alexis Alonso, ni el alcalde, Alejandro Jorge, han atendido a su solicitud de reunión.
Ante la falta de respuesta, Macías se concentraba el pasado lunes en las puertas de la Oficina Técnica y denunciaba con una pancarta: “Algo huele a podrido en Urbanismo”.
Dudas sobre el CAE y el futuro urbanístico
El empresario también cuestionó la titularidad del suelo donde se proyecta el Centro de Atención Especializada (CAE) del sur de Fuerteventura a pesar de que tanto el edil de Urbanismo como la propia corporación, a través de un comunicado, confirmaron que el Ejecutivo regional es el titular del suelo por lo que podrían empezar cuanto antes el procedimiento para construir esta demandada infraestructura cuanto antes.
"El Gobierno de Canarias no puede aceptar una cesión de suelo que no sea urbanizable, y ninguna parcela del plan parcial cumple actualmente con ese requisito", indicó mostrando sus dudas sobre el efectivo traspaso del terreno.
Consciente de la necesidad de desarrollar la zona, construir vivienda e infraestructuras básicas necesarias, como el IES La Lajita también proyectado en el lugar, Macías instó a la corporación al diálogo y al consenso para evitar que la complicada situación se agrave más.
Si el Ayuntamiento no cambia de actitud y busca acuerdos con los propietarios, este plan parcial será inviable, aseveró. Se está judicializando algo que debería resolverse hablando.
"Gane quien gane estos contenciosos, el que pierda irá al Tribunal Supremo, y eso significa alargar el proceso hasta por diez años. Esto no beneficia a nadie, ni al Ayuntamiento, ni a los propietarios, ni a los ciudadanos”, concluyó.