CCOO insta al Cabildo de Fuerteventura a retirar el amianto de los edificios públicos
CCOO Fuerteventura solicita al Cabildo Insular de Fuerteventura el censo de los establecimientos municipales e insulares con amianto y un plan para su retirada por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo 28 de abril, Comisiones Obreras Fuerteventura ha organizado una jornada presencial el 26 de abril para delegados y delegadas de Comisiones Obreras sobre las funciones básicas de los comités de seguridad y salud y delegados de prevención en las empresas, asimismo CCOO ha solicitado al presidente del Cabildo y Consejero de Infraestructuras, Carreteras, Ordenación del Territorio, Gestión de Bienes, Cooperación Municipal y Servicios Generales el registro y la localización de amianto en la isla de Fuerteventura en los establecimientos municipales e insulares como se está haciendo en otras islas, entre otras propuestas de este sindicato.
El amianto es el responsable de diversas enfermedades, muchas de ellas graves y mortales, entre ellas diversos tipos de cáncer como el de pulmón o el mesotelioma pleural. El uso del amianto se prohibió definitivamente en España en 2002, pero se calcula que aún quedan alrededor de 2 millones y medio de toneladas de este agente
cancerígeno instalado en viviendas, edificios públicos, equipamientos educativos, sanitarios o culturales y en todo tipo de infraestructuras.
La Unión Europea se ha fijado como objetivo estratégico la mejora de la eficiencia energética de los edificios y por este motivo ha incluido la renovación del parque edificado entre las principales a financiar a través de los Fondos Europeos de Recuperación. Pero también la UE ha advertido del riesgo de acometer estas obras de renovación sin realizar previamente una inspección de los edificios para localizar el amianto instalado y poder retirarlo de manera segura, porque de no ser así se producirán exposiciones a las personas trabajadoras de la construcción encargados de estas obras y al vecindario de estos inmuebles lo que podría suponer un repunte en las enfermedades del amianto en los años venideros.
Además, recientemente, se ha publicado la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, donde establece en la Disposición adicional decimocuarta, Instalaciones y emplazamientos con amianto.
Estableciendo que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado.
Esa retirada prioriza las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.