Canarias refuerza la inspección para combatir el fraude laboral y la economía sumergida

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, en coordinación con la Inspección de Trabajo, reforzará desde este lunes las actuaciones previstas para seguir luchando contra la economía irregular y el fraude en la contratación. Así, hasta el próximo 24 de noviembre se contemplan 960 órdenes de servicio para vigilar el cumplimiento de las empresas en este ámbito.

En total, veinticuatro funcionarios, entre inspectores de Trabajo y Seguridad Social, así como subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social, provenientes de otras comunidades autónomas que se han desplazado a las islas de manera específica para este plan de refuerzo, llevarán a cabo los controles.

En un encuentro de coordinación mantenido esta mañana en Gran Canaria, tanto el director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Ramón Rodríguez, como el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Guindín, mostraron su apoyo y solidaridad a la comunidad valenciana, especialmente a todos los que trabajan en la Inspección de Trabajo, algunos de los cuales se han desplazado a Canarias para esta acción de refuerzo, uno desde Valencia y dos desde Castellón.

“Las visitas están encaminadas a detectar faltas de alta en la Seguridad Social, el cobro de prestaciones incompatibles o el empleo irregular de personas extranjeras, entre otras cuestiones”, subrayó el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, quien apuntó que el pasado año “los resultados fueron muy buenos porque afloró un 10% de la economía sumergida”. También se persiguen los impagos de salarios y se vela por el cumplimiento de las condiciones de trabajo.

“Entre enero y octubre de este año han aflorado 4.584 empleos irregulares en las islas”, apuntó Rodríguez. El cuerpo inspector que trabajará en esta campaña se concentrará en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, “aunque sin perjuicio de que puedan trasladarse a otras islas para visitar los centros de trabajo y velar por el cumplimiento de la ley en las empresas”, subrayó el director general de Trabajo.

Además, el Instituto Canario de Seguridad Laboral del Gobierno de Canarias (Icasel) colabora en materia de prevención de daños laborales. Estas acciones se enmarcan en el convenio de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la comunidad autónoma, dotado con 160.000 euros.

Por su parte, el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Guindín, se refirió a “los problemas de empleo sumergido” y agradeció el compromiso de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias “siendo la única comunidad autónoma que utiliza esta herramienta de refuerzo”.

Guindín explicó que “se trata del sexto plan de refuerzo en las islas y el objetivo es ir a los centros de trabajo previamente seleccionados por los jefes de Inspección donde existan indicios de economía sumergida y tenga que aflorar el empleo sumergido”.

El pasado año se detectaron 500 trabajadores en Canarias que están desempeñando su labor sin estar dados de alta en la Seguridad Social, o aquellos que están dados de alta menos horas de las que trabajan, denominado infracotización, o trabajadores que están cobrando prestaciones por desempleo que son incompatibles con el trabajo.

Asimismo, el director territorial de la Inspección de Trabajo abogó por un registro de jornada “que no sea manipulable” y afirmó que el Ministerio de Trabajo y Economía Social está trabajando en una mejor regulación, aunque dio el mensaje de que “en Canarias las empresas, en general, cumplen”.

60.000 actuaciones al año

Según los datos ofrecidos por la Inspección de Trabajo, se realizan 60.000 actuaciones al año en Canarias, por parte de los 122 inspectores que trabajan en las islas, de las que afloran unos 5.000 empleos sumergidos. En este sentido, Guindín apuntó que “entre las denuncias, el buzón del fraude y la herramienta de la lucha contra el fraude, la Inspección de Trabajo tiene cada vez más recursos para seleccionar las empresas donde hay indicios de estas prácticas”.

Las sanciones ascienden a 3.750 euros por una falta de alta en la Seguridad Social, que puede incrementarse un 50% en función del número de trabajadores de la misma empresa que se detecten, y 12.000 euros si es un trabajador que está cobrando la prestación por desempleo o un extranjero sin permiso de trabajo, “aunque el objetivo no es sancionar, sino regularizar al trabajador y estar pendientes de que al día siguiente no le den de baja otra vez”, señaló Guindín.

Por último, indicó que en todos los sectores productivos existe la economía sumergida “aunque especialmente en la hostelería, la restauración, los servicios y el comercio”.