El Gobierno aprueba medidas urgentes de apoyo a La Palma por valor de más de 213 millones de euros
El Gobierno ha aprobado, a través de un Real Decreto-Ley, un conjunto de medidas urgentes para paliar los daños causados por la erupción volcánica de La Palma. Estas actuaciones, por importe de casi 214 millones de euros, se suman a las ya acordadas en el Consejo de Ministros de la semana pasada.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha reiterado que para el Gobierno es una prioridad absoluta la reconstrucción de la isla de La Palma, paliar los daños que están sufriendo sus habitantes y que las ayudas lleguen con rapidez y celeridad. De hecho, ha asegurado que los 10,5 millones aprobados la semana pasada para ayudas en vivienda y enseres materiales ya están a disposición de las autoridades canarias.
Ayudas directas a los afectados
Las subvenciones y ayudas directas aprobadas hoy se dirigen a paliar daños en viviendas, locales, entorno productivo, agrícola y pesquero, infraestructuras y medio ambiente.
En el ámbito de las viviendas y los negocios, ha detallado Bolaños, se establecen ayudas directas a las personas físicas y jurídicas para los casos de destrucción o daños estructurales, mientras que en el caso del sector agrario y pesquero, se destinarán 20,3 millones de euros para daños en regadíos y caminos rurales y para la pesca y la acuicultura. Asimismo, se contempla la permuta de fincas afectadas por otras de titularidad pública donde puedan reubicarse las explotaciones agroalimentarias.
La reparación de las infraestructuras se articula a través de ayudas a entidades locales por un total de 22 millones de euros así como del apoyo a la Comunidad Autónoma de Canarias y al Cabildo insular para restablecer la red de carreteras, con 40,5 millones. En cuanto a los espacios naturales, se prevén fondos para la Reserva de la Biosfera de la Palma, el Parque Nacional de la caldera de Taburiente y la investigación del volcán y sus erupciones. Bolaños ha resaltado el papel fundamental de la ciencia, especialmente para la prevención.
Impulso a la recuperación económica y social de la isla
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.
En el terreno laboral, el texto recoge un Plan extraordinario de formación y empleo, por importe de 63 millones de euros; la moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones devengadas -entre octubre y enero-, y la posibilidad del rescate anticipado de planes y fondos de pensiones, como ocurrió en la pandemia.
Las medidas fiscales, ha continuado el ministro, incluyen la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 2021 de viviendas y establecimientos dañados por la lava, la reducción de cuotas del Impuesto de Actividades Económicas, el aplazamiento de deudas tributarias y la bonificación extraordinaria en el sistema de incentivos regionales para potenciar las inversiones empresariales en la isla. Además, los autónomos y las empresas podrán suspender temporalmente los contratos de suministro de electricidad y resolver los contratos de las instalaciones destruidas.
Asimismo, se prevé una financiación extraordinaria de un millón de euros a Canarias para la prestación básica de servicios sociales y atención a las víctimas de violencia de género. Otras actuaciones, ha finalizado el ministro, se orientan a proteger a los consumidores -incluyendo la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos, con y sin garantía hipotecaria- y a facilitar que los ciudadanos que han perdido sus casas acrediten la situación en que se encuentran.
Constancia y coordinación
Félix Bolaños ha garantizado que es compromiso del Gobierno el trabajo constante y coordinado con todas las administraciones públicas, ya que, ha dicho, "lo público es la última red de seguridad de todos los ciudadanos ante las emergencias".
El ministro ha elogiado la colaboración y lealtad institucional "ejemplar" entre el Gobierno de España y el de Canarias, el Cabildo de La Palma y los Ayuntamientos, que se han reunido ya dos veces desde la constitución, la pasada semana, en la Comisión Mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a la isla de La Palma: "Todos tenemos el objetivo de paliar los daños y de no dejar a nadie que empiece su proyecto vital de cero".
Respecto a la Comisión Interministerial para la ejecución del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma, reunida ayer, Bolaños ha destacado su carácter clave para ultimar las medidas hoy aprobadas, en cuya elaboración han participado diecisiete ministerios.
Impulso a la rehabilitación residencial y la vivienda social
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El Ejecutivo ha regulado los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y construcción de vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De este modo, se podrán implementar dos de las principales inversiones del Plan, dotadas con 4.420 millones de euros.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que el plan contempla la construcción de hasta 20.000 nuevas viviendas públicas para alquiler social, con una inversión de 1.000 millones de euros.
El programa, además de la rehabilitación de viviendas particulares, recoge la posibilidad de rehabilitar barrios completos. La portavoz ha precisado que se subvencionarán hasta el 80 % de las actuaciones, con un máximo de 21.400 euros por vivienda. En caso de vulnerabilidad social o económica, las ayudas podrán cubrir hasta el 100 % del coste de las mejoras en edificios, barrios y hogares. Además, se apoyará el despliegue de oficinas locales para facilitar la información y la gestión de las ayudas.
En este mismo ámbito, el Consejo de Ministros ha aprobado medidas urgentes para impulsar la rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR. Se introducen tres deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de hasta el 60 %, por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales; se facilita la toma de decisiones para realizar obras que aumenten la eficiencia de un edificio, y se crea una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe de hasta 1.100 millones para favorecer el acceso a la financiación.
La portavoz ha resaltado que estos dos acuerdos, que suman más de 5.500 millones de euros, contribuirán a favorecer la emancipación de los jóvenes y completan otras decisiones ya adoptadas para aumentar su empleabilidad, cualificación, formación profesional y el salario mínimo interprofesional.
Isabel Rodríguez ha añadido que la política de vivienda es un eje de transformación de España porque es transversal y contribuirá a la modernización de las infraestructuras y a la recualificación de los profesionales de la construcción, supondrá oportunidades laborales para los más jóvenes y la transformación energética del país: "Quizás toca todos los palos del plan de recuperación y va a generar empleos a corto plazo".
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha avanzado que la futura ley de vivienda será la primera ley estatal en este ámbito de la democracia y garantizará el derecho a un hogar digno a los colectivos que tienen más dificultades para llegar a fin de mes y a los jóvenes que tienen dificultades para emanciparse. "Vamos a contener y reducir los precios del alquiler y vamos a incrementar de manera muy notable el parque público de vivienda, también en alquiler", ha remarcado. Un 30% de las casas que se construyan se destinarán a vivienda protegida y de estas la mitad será para alquiler social.
Félix Bolaños también se ha referido al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha avanzado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluirán un bono de 250 euros mensuales de ayuda al alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años con niveles de renta bajos.
Reparto de 500 millones a las comunidades autónomas para digitalización
El Gobierno ha autorizado transferir 500 millones de euros a las comunidades autónomas para proyectos de digitalización y conectividad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es asegurar el acceso a la conectividad a través de la banda ancha y los conocimientos digitales.
La portavoz ha concretado que las autonomías dispondrán de 360 millones para impulsar la conectividad digital en lugares de referencia como hospitales, centros educativos, polígonos industriales y centros logísticos, facilitar bonos de conectividad a colectivos vulnerables y adaptar las infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios construidos antes del año 2000.
Los restantes 140 millones se destinarán a la formación, con énfasis en los colectivos en riesgo de exclusión social y en la lucha contra la brecha digital de género.
Ayudas a las salas de exhibición cinematográfica
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El Ejecutivo ha destinado 10,2 millones de euros a subvenciones directas a las salas de exhibición cinematográfica. La portavoz ha explicado que se trata de unas ayudas de carácter excepcional, que tienen como objetivo amortiguar el golpe que la crisis del COVID ha tenido en los beneficios de las salas y que puedan permanecer abiertas y llevar a cabo actividades de exhibición cinematográfica, ejecución de proyectos culturales, promoción y atracción de público.
Por otra parte, el Ejecutivo ha aprobado una declaración institucional con motivo de la celebración por primera vez del Día del Cine Español, el 6 de octubre. El Gobierno expresa su compromiso para potenciar la industria cinematográfica española como parte de la europea y ratifica la defensa del patrimonio cinematográfico y audiovisual.
Apoyo al grupo hotelero Hotusa
El Consejo de Ministros ha autorizado una ayuda de 241 millones de euros para el Grupo Hotusa, canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Isabel Rodríguez ha indicado que el Grupo Hotusa, es uno de los principales grupos hoteleros de España, cuenta con más de 4.000 empleados y con más de 21.000 proveedores. El apoyo se dedicará exclusivamente a cubrir los gastos de nóminas, costes de Seguridad Social e impuestos, además de a garantizar la liquidez del grupo.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha constatado que, de no recibir el apoyo solicitado, Hotusa arrastraría graves dificultades para mantenerse en funcionamiento.
Presupuestos Generales del Estado
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha anunciado que el próximo jueves, 7 de octubre, se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, con el fin de que antes del 31 de diciembre estén aprobados y el 1 de enero de 2022 entren en vigor.
Félix Bolaños ha subrayado el carácter dialogante, de acuerdo y de consenso del Ejecutivo y ha expresado su confianza en que los presupuestos se aprueben: "Lo haremos con diálogo, escuchando a todo el mundo e intentando integrar a cuantos más grupos parlamentarios mejor", porque estos presupuestos son "absolutamente imprescindibles para la recuperación justa que estamos abordando desde el Gobierno después de la pandemia".
El ministro ha añadido que los presupuestos consolidarán una recuperación justa que llegue a todos los ciudadanos y a todos los rincones del país, e impulsarán la actividad económica y el tejido productivo. "Queremos que el crecimiento que ya se está produciendo sea sólido, potente, fuerte, y que vaya acompañado de mayores derechos, oportunidades y empleo", ha dicho.
Bolaños también ha incidido en que las cuentas públicas incorporan 25.000 millones de euros de los fondos europeos, que contribuirán a fortalecer la economía y hacerla más sostenible. Asimismo, tienen como finalidad revitalizar los servicios públicos, como la educación, la sanidad o la asistencia social.