PROTA logra la anulación de la sentencia absolutoria al dueño de una cachorra atada a la que mató con un golpe

Los aullidos aterrorizados de Tigrilla, una perra mestiza de cinco meses  que convivía con su dueño en Tejeda,  alertaron a un vecino de la localidad que pudo capar en imágenes el momento en el que el poseedor mataba con un golpe seco de azada a la cachorra que se encontraba atada a la puerta del inmueble.

El denunciante, apoyado por los  letrados de la Asociación Abogados Prodefensa de los Animales PROTA, se personó como acusación en el procedimiento durante el cual lograron que, como medida cautelar, se le hiciera efectiva al acusado la prohibición de  tenencia de animales. Cabe destacar que el maltratador no negó los hechos.

El pasado 4 de marzo de 2020 se señaló la Vista por el delito de maltrato de Tigrilla. A pesar de tratarse de una muerte alevosa, por la edad de la perra, su tamaño y la circunstancia de que estaba atada, el Ministerio Fiscal sólo acusó por el mínimo de seis mese de prisión; es decir, el mínimo establecido por el Código Penal. La acusación, por su parte, reclamaba quince meses de prisión y cuatro años de prohibición de tenencia de animales

La jueza expulsa a la letrada de PROTA en un acto sin precedentes en la Administración de Justicia

El día de la Vista, la jueza de Lo Penal decidió de oficio que la acusación no podía formularse por el vecino ya que no era perjudicado por la muerte de Tigrilla, a pesar de haber permitido ejercer la acusación hasta ese momento. En una actuación nunca vista en la Administración de Justicia, se expulsó de la Sala a la letrada del perjudicado aunque pudo formular formal protesta por sumir en indefensión al acusador antes de abandonar la Sala.

Para mayor sorpresa, el Ministerio Fiscal retiró la acusación alegando que el acusado mató a Tigrilla en defensa propia. La jueza, finalmente, absolvió al acusado.

Los letrados de la acusación presentaron un recurso, estimado íntegramente por la Audiencia Provincial de Las Palmas el 15 de diciembre de 2020. De esta manera se anulan tanto el juicio como la sentencia, debiendo celebrarse de nuevo con ellos como acusación pues nunca se les debió haber impedido ejercitar el derecho constitucional a acusar ni mucho menos a expulsarlos de la Sala de Vistas, concluye.